El Senado de Puerto Rico presentó el Proyecto del Senado 235, una iniciativa liderada por la senadora Nitza Morán Trinidad y referida a la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor. La propuesta busca enmendar la Ley 209-2016, conocida como la “Ley para la transparencia en el recibo de compra”, con el objetivo de “aclarar” sus disposiciones, incorporar nuevas definiciones y establecer normas específicas sobre el cobro de cargos por servicio en los establecimientos comerciales de la isla.
Se establece que desde su aprobación, la Ley 209-2016 ha tenido como finalidad evitar la falta de transparencia en los recibos de compra, particularmente en lo que respecta a la inclusión de cargos por servicio no justificados o imposibles de corroborar. Sin embargo, la actual redacción de la ley ha generado confusión en torno a la posibilidad de cobrar por servicios adicionales solicitados por los consumidores.
El Proyecto del Senado 235 propone modificaciones para permitir explícitamente el cobro de cargos por servicios adicionales, como transportación, entrega, reservación de áreas, reconfiguración de salones, descorche de bebidas, entre otros. Según la exposición de motivos, la actual prohibición de estos cargos genera un incremento en los precios generales, que podrían afectar a todos los consumidores, incluso aquellos que no han solicitado servicios adicionales.
Nueva rotulación para garantizar el cumplimiento legal
Otro aspecto clave de la reforma es la creación de un rótulo único que certifique el cumplimiento de los establecimientos comerciales con las leyes y reglamentos de Puerto Rico. Actualmente, los comercios están obligados a exhibir múltiples carteles con información sobre permisos, certificaciones y regulaciones sanitarias, lo que ha resultado en un exceso de señalización que muchas veces pasa desapercibida para los consumidores.
La propuesta de un rótulo único busca mejorar la estética de los establecimientos y simplificar el cumplimiento normativo sin afectar la transparencia. Este rótulo contendrá una certificación de que el negocio cumple con todas las disposiciones legales y reglamentarias, además de ofrecer un código QR o enlace digital para acceder a la documentación correspondiente.
Sanciones y fiscalización
Para garantizar la implementación efectiva de estas nuevas disposiciones, el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) tendrá la facultad de intervenir y multar a los comercios que no exhiban la certificación de cumplimiento. Además, se establece un periodo de 30 días tras una advertencia inicial para que los negocios coloquen el rótulo antes de recibir sanciones formales.
El Proyecto del Senado 235 también otorga un plazo de 90 días a las agencias gubernamentales concernidas para adoptar o enmendar sus reglamentos en conformidad con la nueva legislación. Asimismo, se especifica que, en caso de conflicto con otras leyes vigentes, prevalecerán las disposiciones de esta ley enmendada.
Impacto en consumidores y comerciantes
Esta enmienda busca lograr un balance justo entre los derechos del consumidor y las necesidades de los comerciantes. Mientras que los consumidores tendrán acceso a una mayor transparencia sobre los cargos por servicios, los establecimientos comerciales podrán cobrar legítimamente por servicios adicionales sin temor a incurrir en prácticas prohibidas.
Se espera que este proyecto promueva un entorno más claro y equitativo para las transacciones comerciales en Puerto Rico, fomentando la confianza entre consumidores y negocios. La medida ahora pasará por el proceso legislativo y será evaluada en la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor antes de su posible aprobación y entrada en vigor inmediata.